Introducción
En 1980, el gobierno federal era propietario u operaba poco más de 1,150 empresas de todo tipo, desde cadenas y productoras de cine y televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras, ingenios azucareros, automotrices, siderúrgicas, pesqueras, transbordadores, e incluso el conocido centro nocturno El Patio de la ciudad de México, también fue el caso de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Petróleos Mexicanos o Comisión Federal de Electricidad.
La crisis de 1982 obligó al gobierno federal a nacionalizar la banca, con lo que la participación del Estado en la economía creció todavía más. En otros casos, sin embargo, el gobierno, lo mismo el federal que el del Distrito Federal y los de los estados, se convirtió en dueño de empresas como medida para evitar la quiebra de empresas privadas que se consideraba jugaban un papel importante para la economía del país o que simplemente empleaban a un número importante de personas.
Esta dinámica se vio favorecida por dos procesos. En un sentido, por la sobrevaluación del peso mexicano que ocurrió ya durante los últimos años del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y de manera más clara durante los primeros años del gobierno de Echeverría, quien expandió el control del Estado sobre la economía al hacerse cargo de Teléfonos de México. La sobrevaluación hacía que las mercancías mexicanas fueran más caras que las que se producían en otros países. No sólo eso, gracias a las políticas de industrialización seguidas desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (con un alto componente de protección a la industria nacional), las empresas mexicanas habían perdido calidad y eficacia.
Esta dinámica estuvo a punto de romperse con la decisión de Echeverría de devaluar el peso justo antes de que terminara su gestión en 1976. Sin embargo, su sucesor, López Portillo decidió utilizar los recién descubiertos excedentes petroleros para mantener intocadas las políticas industriales y comerciales que había heredado de sus predecesores.
Todas estas empresas operaban con déficit por lo que se mantenían gracias a una inyección constante de fondos públicos obtenido por medio de deuda, excedente petrolero o, en los peores momentos del periodo 1970-1982, por medio de la emisión de billetes y monedas sin sustento. Ello hizo que para 1982, el déficit público primario fuera de más del diez por ciento del Producto Interno Bruto. Cerca de un 70 por ciento de este déficit provenía del sector paraestatal.6
Con los ingresos de las privatizaciones se obtuvo casi el equivalente a 23,000 millones de dólares, 7 los cuales fueron utilizados para amortizar la deuda pública interna. Con estos recursos se logró una disminución de la deuda interna, en 1988 era del 19% y para 1994 fue del 6%.8 Dando como resultado una disminución de los pagos de intereses y logrando un crecimiento en el gasto social.
Julio 1988
Carlos Salinas ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988, luego de una inestabilidad económica de más de 10 años la estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la historia moderna de México se vio la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como una posibilidad real de asumir la presidencia de la república.
La noche de la elección, los datos que liberaba la Comisión Federal Electoral por medio del secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz fueron interrumpidos.
A las 20:00 horas del mismo día, se presentaron en la sede de la Secretaría de Gobernación los candidatos Manuel Clouthier, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rosario Ibarra denunciando la ilegalidad del proceso. En los días posteriores a la elección se realizaron diversas manifestaciones expresando el descontento por la manera en que se llevó a cabo la elección.
El resultado oficial fue 50 por ciento para Carlos Salinas, 31 por ciento para Cuauhtémoc Cárdenas y 17 por ciento para Manuel J. Clouthier.
Las boletas de votación, que la oposición exigía que se hicieran públicas para aclarar las anomalías, fueron destruidas por decisión de la Cámara de Diputados.
Privatización de Telmex
En 1989, Telmex era una empresa con varias décadas funcionando y con solo 16 años de pertenecer al sector público, el servicio prestado por la empresa era motivo de frecuentes disputas como se puede observar en la cantidad de demandas que la empresa enfrentaba en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, así como por los tiempos de espera, en ocasiones de más de 10 meses, para conseguir una línea. En los primeros años de la administración Salinas de cada 10 hogares 8 no tenían teléfono y había hasta un millón de solicitudes pendientes. La gestión pública de Teléfonos de México, además, estaba plagada de dudas y sospechas acerca de la transparencia en el manejo de los recursos
La venta fue hecha a través de una subasta pública. A pesar de que varios grupos extranjeros ofrecieron cantidades mayores para la compra de Telmex, uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas, es por eso que de los grupos con control accionario mexicano, la mayor fue la que encabezaba el Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, por lo que éste fue declarado ganador.
Con motivo de esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México. En los siguientes años el número de poblaciones rurales atendidas pasó de 6 mil 350 a 21 mil 263; los teléfonos públicos llegaron a más de 200,000 en todo y se inició la instalación de una red de fibra óptica que ahora cubre las ciudades más importantes del país.
Privatización de la banca
La privatización de la banca se llevó a cabo mediante una reforma constitucional a los artículos 28 y 123 que fueron aprobados el 12 de mayo de 1990 en la cámara de diputados y el 21 de mayo en la Cámara de Senadores. Guillermo Ortiz Martínez subsecretario de Hacienda con Salinas, fue uno de los responsables de este proceso.
La privatización ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios que permitieron que hasta un 33 por ciento del capital social de cualquier banco fuera capital privado. Como en el caso de Teléfonos de México, la privatización ocurrió por medio de subastas públicas. Los postores fueron evaluados por un comité en el que participaron, entre otros, el ex-gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz. La transparencia y éxito con la cual fue privatizada la banca fue reconocida por diversos documentos del Banco Mundial.
En este proceso 18 instituciones financieras fueron vendidas, lo que permitió que el gobierno federal recaudara 13,000 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna.
Con este proceso se logró la descentralización y democratización del capital por que se promovió una mayor competencia ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros.
• SHCP (1995). «Fondo de Contingencias, fuentes y aplicaciones», Informe sobre la situación Económica, las finanzas Públicas y de la Deuda Pública. Acciones y Resultados del Cuarto Trimestre de 1994. p. 43.
Luis Donaldo Colosio Murrieta
El 23 de marzo de 1994 durante un acto de su campaña electoral en la colonia popular Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, por medio de 2 disparos (uno de ellos en la cabeza), en el instante fue detenido el autor de este hecho Mario Aburto Martínez.
El 24 de marzo fue declarado día de luto nacional y el izamiento de la bandera nacional fue a media asta en señal de duelo.
El 29 de marzo el PRI postuló como candidato sustituto a Ernesto Zedillo Ponce de León.
Error de diciembre
Gran parte de la estrategia financiera de Salinas se apuntalaba en deuda de corto plazo. Ernesto Zedillo, su sucesor, incapaz de articular una estrategia de amortiguamiento de los vencimientos de pagarés denominados en dólares, (Tesobonos), precipitó el advenimiento de una de las peores crisis financieras que ha vivido México, conocida como error de diciembre; y en el exterior como efecto Tequila.
Raúl Salinas de Gortari
Al poco tiempo de dejar el cargo, el 28 de febrero de 1995 su hermano Raúl fue arrestado tras haber sido acusado de diversos delitos entre los que destacaban el tráfico de influencias, corrupción, evasión fiscal y la autoría intelectual del asesinato de su ex cuñado, el entonces diputado federal José Francisco Ruiz Massieu. Los delitos de corrupción y evasión fiscal, quizás los más evidentes, dejaron de ser perseguidos por el gobierno vía diversos artefactos legales. En el 2005, tras 10 años, tres meses y 13 días, Raúl Salinas de Gortari quedó libre, exonerado del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Le quedan pendientes procesos por delitos considerados menores, como falsificación de documentos y tráfico de influencias. El 1 de marzo de 1995, el ex presidente Salinas de Gortari se declaró en huelga de hambre durante 36 horas. Salinas alegaba que el arresto de su hermano y el clima de linchamiento mediático que se había propiciado a partir del "error de diciembre" provenían directamente de los Pinos. El 3 de marzo de 1995, tras una reunión en la residencia oficial, Salinas abandonó el país para regresar sólo esporádicamente por asuntos familiares durante el sexenio de Zedillo.
Otro de los hermanos, Enrique Salinas de Gortari, a quién la Interpol investigaba por presunto lavado de dinero, fue asesinado en el Estado de México, en 2004 en circunstancias aún no esclarecidas.
Actualmente el ex presidente se desempeña como consejero ejecutivo del Grupo Dow Jones y vive con su segunda esposa, Ana Paula Gerard Rivero.
En 1980, el gobierno federal era propietario u operaba poco más de 1,150 empresas de todo tipo, desde cadenas y productoras de cine y televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras, ingenios azucareros, automotrices, siderúrgicas, pesqueras, transbordadores, e incluso el conocido centro nocturno El Patio de la ciudad de México, también fue el caso de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Petróleos Mexicanos o Comisión Federal de Electricidad.
La crisis de 1982 obligó al gobierno federal a nacionalizar la banca, con lo que la participación del Estado en la economía creció todavía más. En otros casos, sin embargo, el gobierno, lo mismo el federal que el del Distrito Federal y los de los estados, se convirtió en dueño de empresas como medida para evitar la quiebra de empresas privadas que se consideraba jugaban un papel importante para la economía del país o que simplemente empleaban a un número importante de personas.
Esta dinámica se vio favorecida por dos procesos. En un sentido, por la sobrevaluación del peso mexicano que ocurrió ya durante los últimos años del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y de manera más clara durante los primeros años del gobierno de Echeverría, quien expandió el control del Estado sobre la economía al hacerse cargo de Teléfonos de México. La sobrevaluación hacía que las mercancías mexicanas fueran más caras que las que se producían en otros países. No sólo eso, gracias a las políticas de industrialización seguidas desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (con un alto componente de protección a la industria nacional), las empresas mexicanas habían perdido calidad y eficacia.
Esta dinámica estuvo a punto de romperse con la decisión de Echeverría de devaluar el peso justo antes de que terminara su gestión en 1976. Sin embargo, su sucesor, López Portillo decidió utilizar los recién descubiertos excedentes petroleros para mantener intocadas las políticas industriales y comerciales que había heredado de sus predecesores.
Todas estas empresas operaban con déficit por lo que se mantenían gracias a una inyección constante de fondos públicos obtenido por medio de deuda, excedente petrolero o, en los peores momentos del periodo 1970-1982, por medio de la emisión de billetes y monedas sin sustento. Ello hizo que para 1982, el déficit público primario fuera de más del diez por ciento del Producto Interno Bruto. Cerca de un 70 por ciento de este déficit provenía del sector paraestatal.6
Con los ingresos de las privatizaciones se obtuvo casi el equivalente a 23,000 millones de dólares, 7 los cuales fueron utilizados para amortizar la deuda pública interna. Con estos recursos se logró una disminución de la deuda interna, en 1988 era del 19% y para 1994 fue del 6%.8 Dando como resultado una disminución de los pagos de intereses y logrando un crecimiento en el gasto social.
Julio 1988
Carlos Salinas ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988, luego de una inestabilidad económica de más de 10 años la estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la historia moderna de México se vio la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como una posibilidad real de asumir la presidencia de la república.
La noche de la elección, los datos que liberaba la Comisión Federal Electoral por medio del secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz fueron interrumpidos.
A las 20:00 horas del mismo día, se presentaron en la sede de la Secretaría de Gobernación los candidatos Manuel Clouthier, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rosario Ibarra denunciando la ilegalidad del proceso. En los días posteriores a la elección se realizaron diversas manifestaciones expresando el descontento por la manera en que se llevó a cabo la elección.
El resultado oficial fue 50 por ciento para Carlos Salinas, 31 por ciento para Cuauhtémoc Cárdenas y 17 por ciento para Manuel J. Clouthier.
Las boletas de votación, que la oposición exigía que se hicieran públicas para aclarar las anomalías, fueron destruidas por decisión de la Cámara de Diputados.
Privatización de Telmex
En 1989, Telmex era una empresa con varias décadas funcionando y con solo 16 años de pertenecer al sector público, el servicio prestado por la empresa era motivo de frecuentes disputas como se puede observar en la cantidad de demandas que la empresa enfrentaba en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, así como por los tiempos de espera, en ocasiones de más de 10 meses, para conseguir una línea. En los primeros años de la administración Salinas de cada 10 hogares 8 no tenían teléfono y había hasta un millón de solicitudes pendientes. La gestión pública de Teléfonos de México, además, estaba plagada de dudas y sospechas acerca de la transparencia en el manejo de los recursos
La venta fue hecha a través de una subasta pública. A pesar de que varios grupos extranjeros ofrecieron cantidades mayores para la compra de Telmex, uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas, es por eso que de los grupos con control accionario mexicano, la mayor fue la que encabezaba el Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, por lo que éste fue declarado ganador.
Con motivo de esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México. En los siguientes años el número de poblaciones rurales atendidas pasó de 6 mil 350 a 21 mil 263; los teléfonos públicos llegaron a más de 200,000 en todo y se inició la instalación de una red de fibra óptica que ahora cubre las ciudades más importantes del país.
Privatización de la banca
La privatización de la banca se llevó a cabo mediante una reforma constitucional a los artículos 28 y 123 que fueron aprobados el 12 de mayo de 1990 en la cámara de diputados y el 21 de mayo en la Cámara de Senadores. Guillermo Ortiz Martínez subsecretario de Hacienda con Salinas, fue uno de los responsables de este proceso.
La privatización ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios que permitieron que hasta un 33 por ciento del capital social de cualquier banco fuera capital privado. Como en el caso de Teléfonos de México, la privatización ocurrió por medio de subastas públicas. Los postores fueron evaluados por un comité en el que participaron, entre otros, el ex-gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz. La transparencia y éxito con la cual fue privatizada la banca fue reconocida por diversos documentos del Banco Mundial.
En este proceso 18 instituciones financieras fueron vendidas, lo que permitió que el gobierno federal recaudara 13,000 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna.
Con este proceso se logró la descentralización y democratización del capital por que se promovió una mayor competencia ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros.
• SHCP (1995). «Fondo de Contingencias, fuentes y aplicaciones», Informe sobre la situación Económica, las finanzas Públicas y de la Deuda Pública. Acciones y Resultados del Cuarto Trimestre de 1994. p. 43.
Luis Donaldo Colosio Murrieta
El 23 de marzo de 1994 durante un acto de su campaña electoral en la colonia popular Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, por medio de 2 disparos (uno de ellos en la cabeza), en el instante fue detenido el autor de este hecho Mario Aburto Martínez.
El 24 de marzo fue declarado día de luto nacional y el izamiento de la bandera nacional fue a media asta en señal de duelo.
El 29 de marzo el PRI postuló como candidato sustituto a Ernesto Zedillo Ponce de León.
Error de diciembre
Gran parte de la estrategia financiera de Salinas se apuntalaba en deuda de corto plazo. Ernesto Zedillo, su sucesor, incapaz de articular una estrategia de amortiguamiento de los vencimientos de pagarés denominados en dólares, (Tesobonos), precipitó el advenimiento de una de las peores crisis financieras que ha vivido México, conocida como error de diciembre; y en el exterior como efecto Tequila.
Raúl Salinas de Gortari
Al poco tiempo de dejar el cargo, el 28 de febrero de 1995 su hermano Raúl fue arrestado tras haber sido acusado de diversos delitos entre los que destacaban el tráfico de influencias, corrupción, evasión fiscal y la autoría intelectual del asesinato de su ex cuñado, el entonces diputado federal José Francisco Ruiz Massieu. Los delitos de corrupción y evasión fiscal, quizás los más evidentes, dejaron de ser perseguidos por el gobierno vía diversos artefactos legales. En el 2005, tras 10 años, tres meses y 13 días, Raúl Salinas de Gortari quedó libre, exonerado del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Le quedan pendientes procesos por delitos considerados menores, como falsificación de documentos y tráfico de influencias. El 1 de marzo de 1995, el ex presidente Salinas de Gortari se declaró en huelga de hambre durante 36 horas. Salinas alegaba que el arresto de su hermano y el clima de linchamiento mediático que se había propiciado a partir del "error de diciembre" provenían directamente de los Pinos. El 3 de marzo de 1995, tras una reunión en la residencia oficial, Salinas abandonó el país para regresar sólo esporádicamente por asuntos familiares durante el sexenio de Zedillo.
Otro de los hermanos, Enrique Salinas de Gortari, a quién la Interpol investigaba por presunto lavado de dinero, fue asesinado en el Estado de México, en 2004 en circunstancias aún no esclarecidas.
Actualmente el ex presidente se desempeña como consejero ejecutivo del Grupo Dow Jones y vive con su segunda esposa, Ana Paula Gerard Rivero.
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